Señalada como la obra que representa la transformación de San Fernando. El motor que debe reconvertir su economía y abrir el municipio a la actividad turística. El desarrollo, el progreso, el futuro de La Isla y se encuentra en un punto muerto. La segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las obras del tranvía-que ayer publicó en exclusiva LA VOZ- «no dice nada nuevo», pero sí arroja más incertidumbre a la actuación. Hunde el dedo en la llaga del error administrativo para ratificar la anulación del proyecto, encendiendo un poco más los ánimos de un municipio que no hace más que preguntarse: ¿Hasta cuándo durarán las obras?
La Junta ha vuelto a escudarse en los argumentos de la primera sentencia y desde los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas ya se ha notificado ante el TSJA el correspondiente escrito de reparación del recurso de casación que se presentará ante el Tribunal Supremo, con los mismos argumentos jurídicos que en la vez anterior. El responsable provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, subraya que este fallo no aporta «ninguna novedad al proyecto y, al igual que la sentencia anterior, no establece medidas cautelares que impliquen la paralización de las obras». Y precisamente este punto es el que más preocupa al Ayuntamiento isleño: «El Gobierno municipal entiende que si la Justicia no impide la continuación de las obras, no hay razón para que éstas no adopten el ritmo acordado por todas las partes implicadas en el proyecto. El que se llevaba hace dos meses y medio».
Temor a la paralización
Las formaciones políticas y los colectivos de la ciudad consideran que el procesamiento judicial no va a tirar por tierra la infraestructura, pero si a las resoluciones del TSJA se le suma la falta de actividad, entonces aparece el temor de que las obras queden empantanadas durante un largo periodo de tiempo. «En Jaén ya se están probando los vagones y aquí las fechas de finalización se retrasan. Esto se debe arreglar lo antes posible para que no perjudique más ni a vecinos ni a comerciantes», expuso la presidenta de la asociación de comerciantes de San Fernando (Acosafe), Cristina Arjona. El otro problema que plantea los fallos es el coste económico que supondrán a la actuación y si la Junta podrá hacerle frente. «Aunque efectivamente no supondrá la paralización de las obras, sí que conllevará un incremento significativo de los costes de la misma. Una vez más llevan el proyecto al limbo jurídico al que ya nos tiene acostumbrados y ya es hora de que alguien responda por ello», expuso el parlamentario andaluz de Izquierda Unida, Ignacio García.
Aunque los más críticos con este nuevo fallo judicial y la reacción de la Junta, han sido los populares. «La nueva sentencia pone aún más en entredicho la actuación y desenmascara por completo el despropósito que el Partido Socialista ha creado con este proyecto en San Fernando».
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