La justicia recibió el año pasado información de la Alcaldía actual sobre posibles contrataciones irregulares del ex regidor a dos colaboradores en sociedades municipales
Poco le ha durado la paz mediática a Pedro Pacheco después de su polémica retirada en el último congreso del PSA, donde debía haber salido reelegido como secretario general del partido. Por esas fechas -el 29 de noviembre-, quizás ya estaba enterado de que en el juzgado de Instrucción nº 3 de Jerez hay una denuncia contra su persona de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz por delitos graves como la malversación de caudales públicos y la falsedad en documento oficial. Los hechos que se están investigando, y que también salpican a dos compañeros de partido, los habría cometido durante la etapa que permaneció en el Gobierno de Jerez, aunque como primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo con la popular María José Pelayo y hasta su ruptura con la actual regidora, Pilar Sánchez. En el día de ayer se levantaba el secreto de sumario y este periódico pudo desvelar que el pasado 30 de octubre, la fiscal delegada anticorrupción de la provincia, Virginia Alonso, había firmado una denuncia que remitió a los juzgados de Instrucción jerezanos. El asunto recayó en el nº 3, pero desde entonces las diligencias han estado prácticamente paralizadas porque la titular de ese órgano se dio de baja por maternidad a los pocos días de recibir la denuncia. Al frente del juzgado está un compañero sustituto que asumirá, al menos, la primera parte de una instrucción que no ha hecho más que empezar.Dos años bajo lupaLa Fiscalía recibió el año pasado información procedente de la Alcaldía de Jerez, en la que se aportaban indicios de que Pedro Pacheco pudo utilizar supuestamente dinero público para contratar de manera irregular a dos compañeros y amigos del partido, que además nunca justificaron qué trabajo o funciones realizaron a cambio de suculentos emolumentos. El periodo que está bajo sospecha es el comprendido entre marzo de 2005 y abril de 2007 -sólo días después de que rompiera el pacto con Sánchez-. Y las sociedades afectadas: el fiasco de Speed Festival -nacida para construir un parque de atracciones en los terrenos de Ikea- y Emusujesa (empresa municipal de suelo).La Fiscalía articula su denuncia sobre tres hechos concretos. Por un lado sostiene que el ex alcalde, en calidad de presidente de Speed Festival, pagó al que fuera años atrás su delegado municipal de Urbanismo, José López Benítez, 32.407 euros que fueron entregados, mediante transferencias bancarias, en siete mensualidades de más de 4.600 euros cada una, desde marzo a septiembre de 2005. Era el importe por unas facturas que había presentado López Benítez por supuestos trabajos de asesoramiento a un futuro parque que nunca se construyó. Esa contratación, según el Ministerio Público, no está justificada por contrato y ni siquiera consta que López Benítez realizara «trabajo alguno». Petición de pruebasSpeed Festival era una sociedad que se disolvió en 2007 tras casi diez años de convulso recorrido. La mayor parte de su capital social estaba en manos del Ayuntamiento. Pacheco fue el presidente del consejo de administración hasta que el 28 de abril de 2005 bajó a la vicepresidencia y dejó paso a Pilar Sánchez. Aunque como máximo responsable de la sociedad podía disponer de fondos para el funcionamiento ordinario y firmar contratos, éstos debían ser aprobados previamente por el consejo de administración. La fiscal ha pedido como prueba que la extinguida sociedad remita toda la documentación «si la hubiera» sobre la relación contractual con el antiguo delegado de Urbanismo y las actas de los consejos celebrados en 2005.El segundo hecho denunciado tiene los mismos protagonistas pero otra sociedad afectada, Emusujesa. Según los datos recabados hasta ahora por la Fiscalía, «sin conocimiento de la alcaldesa» (la socialista Pilar Sánchez), Pedro Pacheco suscribió un contrato de consultoría con López Benítez el 10 de noviembre de 2005, dos meses después de recibir su última mensualidad de Speed Festival.Pasar por altoPor esas fechas ya no ostentaba la presidencia de esa sociedad porque no era alcalde, pero Pacheco contrató a su amigo para realizar consultas y asistencias en proyectos urbanísticos y promoción inmobiliaria. Aquí se repiten los mismos indicios delictivos: esa contratación la realizó supuestamente pasando por alto al consejo de administración de Emusujesa y al Ministerio Público no le consta que el nuevo asesor realizara alguna labor que justificara su sueldo.Antes de la firma de ese contrato, la empresa municipal tuvo una alta más en su plantilla. El 23 de mayo del mismo año, Pacheco había contratado a otro compañero y amigo, que en este caso nunca ha tenido relación con la política municipal jerezana. Se trata del tercer denunciado: Manuel Cobacho Márquez, quien fuera portavoz del PSA con Pacheco de secretario general y aspirante a la alcaldía de Córdoba. Cobacho se convirtió en asesor de la vicepresidencia de Emusujesa, es decir del ex alcalde, durante tres años, con categoría de jefe de unidad. Tampoco hay rastro de expedientes previos que autorizaran la contratación ni realización de funciones, según la Fiscalía. Pero se embolsó 99.846,23 euros en los tres años. Su relación contractual expiró el 20 de abril de 2007, días antes de que el ex líder del PSA renunciara a su acta de concejal tras su fracaso electoral.
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