El Gobierno empieza a devolver el Patrimonio a CNT
enviarSecretaría de Prensa del Comité Nacional CNT-AIT
En el Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre, al Gobierno fijó la compensación para la devolución del primer bloque del Patrimonio Histórico a las centrales sindicales históricas, CNT y UGT. En dicho acuerdo se estipula una compensación a la CNT por valor de 2.458.925.7 € y el reintegro en propiedad de 3 inmuebles. Asimismo se acordó compensar a la UGT por 148.961.233.84 € y el reintegro de 26 inmuebles.
La devolución del Patrimonio Sindical Histórico, aunque iniciado en 1986, se reactivó a raíz del Real Decreto-Ley 13/2005, de 28 de octubre, con el que se pretendía cerrar de una vez un proceso que llevaba abierto 20 años. Desde que el pasado 31 de enero se cerrara el plazo para la presentación de expedientes, la Administración ha venido revisando los mismos y hace ahora una primera devolución correspondiente a los expedientes ya tramitados.
Durante estos meses de intenso trabajo, la CNT ha venido mostrando públicamente su disconformidad con los criterios que desde la Administración socialista se vienen aplicando para la devolución del Patrimonio, hasta el punto de que el pasado mes de septiembre llegó a calificar el proceso como “un insulto a la memoria histórica”, pues es sorprendente que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año dedicado a la ‘Memoria histórica’, considere que la legalidad republicana dejó de existir a partir de septiembre de 1936, fecha a partir de la cual únicamente tiene validez la legalidad franquista.
Pero este es sólo un aspecto de este complejo proceso. CNT ya ha informado en otras ocasiones de cuáles son esos criterios que, a juicio del sindicato, se vienen aplicando:
§ Las valoraciones de los inmuebles que se compensan son muy pequeñas.
§ Los requisitos para reintegrar los inmuebles en vez de compensarlos son muy exigentes, de manera que inmuebles inmensos que tienen un alto valor económico y sentimental para las organizaciones obreras son compensados por unas cifras ridículas y pasan a engrosar el patrimonio del Estado, cuando deberían ser reintegrados en propiedad a las organizaciones sindicales históricas.
§ No se compensa todo lo que se incautó a las organizaciones obreras sino aquella parte de lo incautado que tuvo como destino la Delegación Nacional de Sindicatos Franquista, como si la injusticia de la incautación dependiera del departamento franquista al que fuera a parar el bien.
§ En las cuentas bancarias se toma el valor más pequeño posible. Así, la política monetaria del bando nacional causó estragos en la peseta republicana. Ahora el Gobierno toma como referencia la peseta republicana minorada con los efectos de esos estragos y además no coge la fecha de incautación como referencia para su actualización sino la de enero de 1940. Eso significa una minoración de las compensaciones de millones de euros.
§ Muchos organismos de la República vinculados con las organizaciones sindicales a los que se les incautaron sus fondos y que engrosaron las arcas del Estado franquista (colectividades, Controles obreros, industrias socializadas, cooperativas, etc.) no son reconocidos para ser compensados. Se aduce que los bienes adquiridos en tiempo de guerra no se compensan. Sin embargo, decenas de disposiciones franquistas de ese mismo período (Decreto de ilegalización de partidos y sindicatos e incautación de sus bienes, Decreto ley de inutilización de los billetes republicanos, Ley del bloqueo del dinero ingresado en bancos en la zona republicana, Ley de desbloqueo que penaliza la peseta republicana, etc.) son aplicadas a rajatabla como una legalidad perfectamente válida.
Todo este conjunto de criterios hacen que este proceso sea una tomadura de pelo a la memoria histórica. Esa reparación histórica se queda en una pose periodística del gobierno y unas bellas palabras en el preámbulo de la ley.
A la CNT le quedan todavía muchos expedientes que resolver. Vamos a seguir aportando documentación y argumentos para que cambien estos criterios. Pero la actitud del Gobierno hace que este proceso desemboque en un proceso judicial inminente donde habrá que dirimir esa disparidad de criterios.
Lo que pudo ser una mínima reparación histórica puede quedar en otra palada de tierra más para dejar bien enterrada la memoria de aquellos luchadores antifascistas que forjaron ese inmenso patrimonio histórico.
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En el Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre, al Gobierno fijó la compensación para la devolución del primer bloque del Patrimonio Histórico a las centrales sindicales históricas, CNT y UGT. En dicho acuerdo se estipula una compensación a la CNT por valor de 2.458.925.7 € y el reintegro en propiedad de 3 inmuebles. Asimismo se acordó compensar a la UGT por 148.961.233.84 € y el reintegro de 26 inmuebles.
La devolución del Patrimonio Sindical Histórico, aunque iniciado en 1986, se reactivó a raíz del Real Decreto-Ley 13/2005, de 28 de octubre, con el que se pretendía cerrar de una vez un proceso que llevaba abierto 20 años. Desde que el pasado 31 de enero se cerrara el plazo para la presentación de expedientes, la Administración ha venido revisando los mismos y hace ahora una primera devolución correspondiente a los expedientes ya tramitados.
Durante estos meses de intenso trabajo, la CNT ha venido mostrando públicamente su disconformidad con los criterios que desde la Administración socialista se vienen aplicando para la devolución del Patrimonio, hasta el punto de que el pasado mes de septiembre llegó a calificar el proceso como “un insulto a la memoria histórica”, pues es sorprendente que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año dedicado a la ‘Memoria histórica’, considere que la legalidad republicana dejó de existir a partir de septiembre de 1936, fecha a partir de la cual únicamente tiene validez la legalidad franquista.
Pero este es sólo un aspecto de este complejo proceso. CNT ya ha informado en otras ocasiones de cuáles son esos criterios que, a juicio del sindicato, se vienen aplicando:
§ Las valoraciones de los inmuebles que se compensan son muy pequeñas.
§ Los requisitos para reintegrar los inmuebles en vez de compensarlos son muy exigentes, de manera que inmuebles inmensos que tienen un alto valor económico y sentimental para las organizaciones obreras son compensados por unas cifras ridículas y pasan a engrosar el patrimonio del Estado, cuando deberían ser reintegrados en propiedad a las organizaciones sindicales históricas.
§ No se compensa todo lo que se incautó a las organizaciones obreras sino aquella parte de lo incautado que tuvo como destino la Delegación Nacional de Sindicatos Franquista, como si la injusticia de la incautación dependiera del departamento franquista al que fuera a parar el bien.
§ En las cuentas bancarias se toma el valor más pequeño posible. Así, la política monetaria del bando nacional causó estragos en la peseta republicana. Ahora el Gobierno toma como referencia la peseta republicana minorada con los efectos de esos estragos y además no coge la fecha de incautación como referencia para su actualización sino la de enero de 1940. Eso significa una minoración de las compensaciones de millones de euros.
§ Muchos organismos de la República vinculados con las organizaciones sindicales a los que se les incautaron sus fondos y que engrosaron las arcas del Estado franquista (colectividades, Controles obreros, industrias socializadas, cooperativas, etc.) no son reconocidos para ser compensados. Se aduce que los bienes adquiridos en tiempo de guerra no se compensan. Sin embargo, decenas de disposiciones franquistas de ese mismo período (Decreto de ilegalización de partidos y sindicatos e incautación de sus bienes, Decreto ley de inutilización de los billetes republicanos, Ley del bloqueo del dinero ingresado en bancos en la zona republicana, Ley de desbloqueo que penaliza la peseta republicana, etc.) son aplicadas a rajatabla como una legalidad perfectamente válida.
Todo este conjunto de criterios hacen que este proceso sea una tomadura de pelo a la memoria histórica. Esa reparación histórica se queda en una pose periodística del gobierno y unas bellas palabras en el preámbulo de la ley.
A la CNT le quedan todavía muchos expedientes que resolver. Vamos a seguir aportando documentación y argumentos para que cambien estos criterios. Pero la actitud del Gobierno hace que este proceso desemboque en un proceso judicial inminente donde habrá que dirimir esa disparidad de criterios.
Lo que pudo ser una mínima reparación histórica puede quedar en otra palada de tierra más para dejar bien enterrada la memoria de aquellos luchadores antifascistas que forjaron ese inmenso patrimonio histórico.
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