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jueves, 9 de febrero de 2006

Desmantelamiento de la empresa



"Somos víctimas del desmantelamiento de la empresa" x Miguel Arróniz Denuncia de los Comités de Huelga y el Comité de Empresa de Madrid sobre las condiciones laborales que sufren los trabajadores de Telefónica. Acusaron a los socios de la empresa, refiriéndose a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, porque todas las anteriores denuncias se estaban realizando con su connivencia
Somos víctimas del desmantelamiento de la empresa. Así se expresó Carlos Royo, trabajador despedido de Telefónica, en la Rueda de prensa que tuvo lugar ayer, día 8 de febrero, en la sede del sindicato AST.
Intervino en primer lugar Paco Torres, secretario general del sindicato, que recordó que en Telefónica se están manteniendo dos huelgas en dos colectivos de trabajadores y con una amplia participación. El despido de los miembros de los Comités de Huelga es la causa de los conflictos que se están dilucidando en la Audiencia Nacional: las demandas interpuestas por Telefónica por ilicitud de las huelgas y la interpuesta por el propio sindicato por vulneración de derechos sindicales. También dijo que la empresa en ningún momento ha querido negociar y que la huelga durará lo que decidan los trabajadores que duren.
A continuación intervino Álvaro Barreiro, presidente del Comité de Empresa de Madrid. Expuso cómo la Sala del Tribunal de la Audiencia Nacional había solicitado la presencia de César Alierta, presidente de Telefónica, como responsable último y se quejó de que, en los diversos delitos de los que había sido acusado, siempre se había escudado en la presunción de inocencia. Ese derecho no se había aplicado a los trabajadores de la empresa a los que se acusaba y sin esperar sentencia se despedía. De todas maneras esperaba que la sentencia fuera favorable.
Atacó duramente a la empresa cuyos beneficios se habían incrementado en 2005 un 45% respecto a 2004 y que, ya este año, se estaba procediendo a un alza en las previsiones del 14%. Estas cifras se estaban consiguiendo gracias a los trabajadores que, en estos momentos, protestaban por sus condiciones laborales. Además estas protestas no estaban causando trastornos desproporcionados. Aún así, citó que se habían trabajado 60.000 horas extras durante el pasado año y que se seguía manteniendo el ERE para despedir a 15.000 trabajadores. Esto lo consideraba como un abaratamiento del trabajo, la destrucción de empleo de calidad y el aumento de la precariedad en el sector. También acusó a la empresa de engañar a la Seguridad Social ya que se habían realizado 530.000 tareas extras ya que éstas se estaban computando como normales.
No dejó pasar la ocasión para acusar a los socios de la empresa, refiriéndose a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, porque todas las anteriores denuncias se estaban realizando con su connivencia.
A continuación detalló cómo el origen de las huelgas no están motivadas por demandas salariales de los trabajadores sino por la petición de unas condiciones dignas de seguridad en la realización de los trabajos y por evitar consecuencias no deseadas en materia de salud. El grupo de técnicos exigía la realización de trabajos acompañados, vehículos decentes, dotación de herramientas adecuadas... Era la propia responsabilidad de los trabajadores la que estaba demandando mejoras que repercutieran en la calidad del servicio, que estaba cayendo en picado, sin que se resintiera su propia seguridad y salud.
El grupo de comerciales estaba siendo presionado para vender lo invendible, y puso como ejemplo la campaña publicitaria sobre el Trío y cómo estaban presionados para intentar vender algún otro producto. Eso estaba suponiendo que 80 trabajadores estuvieran de baja psicológica. Y acusó a la empresa de escuchar y grabar a los clientes sin su consentimiento con el fin de controlar a los comerciales en esta labor. Denunció el hecho de que la empresa se negara a facilitar las cifras sobre absentismo prefiriendo a ello pagar las multas interpuestas por Inspección de Trabajo.
Álvaro Barreiro concluyó afirmando que el conflicto está siendo incluso difícil para el tribunal ya que la ley de huelga es preconstitucional y que nadie, todavía, se ha atrevido a volver a legislar. La movilización de los trabajadores era ya larga, 8 meses, y ejemplar ya que no han existido ningún tipo de incidentes y que incluso el Ministerio de Industria había desestimado el establecimiento de unos servicios mínimos. Por eso, también creía que la respuesta de la empresa con diez despedidos era una medida totalmente desproporcionada. Pero recordó que en este juicio hay mucho en juego porque la patronal, cuya punta de lanza es Telefónica, está tratando últimamente de que se dicten sentencias favorables sobre demandas de huelgas ilegales y que éstas no se salgan de los marcos ya establecidos entre los firmantes de los pactos sociales.
Finalmente intervino Carlos Royo, trabajador sancionado y despedido por formar parte del Comité de Huelga. Quiso recordar que las huelgas trataron de evitarse durante mucho tiempo con reclamaciones a la empresa, propuestas al Comité Intercentros o encierros de delegados. Pero que fueron ignorados por empresa y sindicatos. Y encuadró el actual problema en el desmantelamiento que está sufriendo la empresa con regulaciones de empleo y cómo se está exprimiendo a los trabajadores activos para realizar muchos mas trabajos que en épocas pasadas. Por eso se autodefinió como una víctima de dicho desmantelamiento. Y recordó cómo una empresa que había tenido 2.800 millones de euros de beneficios estaba deshaciéndose de sus trabajadores (de 75.000 a 32.000 en los últimos diez años), tenía en marcha una Regulación de empleo que pretendía afectara a 15.000 trabajadores y en la actualidad estaba dando trabajo de forma precaria a 35.000 subcontratados.

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